por Pedro Ascencio C.
El 6 de enero de 1641 fue firmado el tratado de quillin que reconoce la independencia de un territorio mapuche que comprende las actuales VIII, IX y X región.
Una vez constituida la república chilena en 1810, aparecieron fuertes ambiciones por acaparar sus tierras. En 1881, se inicia la “pacificación de la Araucania”, nombre con el que se conoce la ocupación bélica por parte del ejército chileno del territorio mapuche, hasta ese momento libre. Para los mapuches, esta agresión militar significa el comienzo de una interminable lucha por su supervivencia, ya que las comunidades fueron destruidas o desplazadas por la fuerza a tierras inaccesibles y de mala calidad.
En el año 1993 se promulgo la ley que daba cuenta de la regulación que acreditaba la calidad de indígena para la constitución de comunidades indígenas y para la protección del patrimonio histórico de las culturas indígenas.
Es deber del estado, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas sus culturas, familias y comunidades adoptando las medidas adecuadas para proteger las tierras y velar por su adecuada explotación, por su desarrollo ecológico y propender su ampliación.
Es así como se puede entender la ley indígena para una persona que no maneja conceptos de derecho, pero hay algo que si podemos entender que en la realidad la ley no se respeta. Es así como las comunidades williche del territorio norte de la isla de Chiloé vienen demandando territorios que históricamente le han pertenecido como también tierras fiscales.
Este tema no es solo en esta parte del país si no que en la gran mayoría donde existen comunidades indígenas, es por esto que se hace necesaria una mayor participación de los principales involucrados ósea las comunidades. Uno de los entes del estado que debería velar por esto es la CONADI(corporación nacional de desarrollo indígena) y a la vez también una de las mas cuestionadas por el hecho de ser casi nula su participación en las demandas de los comuneros williche del territorio de Ancud.
El problema de las tierras es particularmente sensible, primero porque es una de las principales reivindicaciones de los indígenas y segundo que es uno de los pilares de la política de los gobiernos de la concertación.
Según datos que manejan las distintas comunidades y la misma CONADI se han entregado más de 170 mil hectáreas:
-traspaso de predios fiscales (112 mil hectáreas)
-compra de predios en conflicto (31 mil hectáreas)
-subsidios (7.450 hectáreas) y recientemente la regularización de propiedades (19 mil hectáreas).
La ley 19.253 indica que tendrán carácter de tierras indígenas las que deriven de títulos de merced y títulos de comisario como también las obtenidas por otros mecanismos instaurados por el estado para ceder, regularizar, entregar o asignar este tipo de tierras del siglo pasado , también se consideran en esa categoría aquellas que históricamente han ocupado o poseen las comunidades del país, siempre y cuando sus derechos sean inscritos en el denominado registro de tierras indígenas creadas por la misma ley. Lógicamente la gran mayoría de estas tierras solicitadas provienen de la novena región.
Desde hace varios años se ha pedido un cambio jurídico que complemente la actual ley dado que la actual constitución manifiesta abiertamente un rol preponderante de la justicia en términos de propiedad que jamás había tenido en chile.
Desde este punto de vista tendríamos que exigir un cambio relevante en la constitución y sus leyes donde realmente se resguarden los derechos de los indígenas tanto en términos de tierras como en sus raíces culturales.
La ley 19.253 tiene una característica, es una de las pocas leyes que ha tenido mínimos cambios en sus artículos a diferencias de otras.
Los indígenas han sido, objeto de sucesivas usurpaciones de sus tierras a lo largo de los dos últimos siglos, viéndose como consecuencia reducidos a la pobreza y marginalidad más absoluta.
Es de esperar que esta situación no siga segregando a los pueblos originarios y de una vez por todas se logre esa tan anhelada autonomía que demandan los pueblos originarios que desde los comienzos la tuvieron
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